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Mostrando las entradas de noviembre, 2021

No, 5 años después

  La semana pasada se cumplieron 5 años de la firma del acuerdo de La Habana y Colombia no tiene paz ni estable ni duradera. Tenemos 10 mil hombres en grupos armados. La paz no se firma en un papel, sino surge del respeto a las instituciones.  Los defensores del NO propusimos observar la incidencia del narcotráfico en la violencia de nuestro país. Sin embargo, los defensores del acuerdo insistían en causas políticas. Dijimos que si el negocio ilegal seguía, la desmovilización solo cambiaría a quienes trafican. Las Farc desmovilizaron 13.202 hombres en el 2016. Cifras de inteligencia al 2020 revelan que el país tiene 9.558 hombres en armas y redes de apoyo. 5 mil hacen parte del Eln, y 4.558 de las disidencias de las Farc: 60% en “Gentil Duarte”, 21% en los “No alineados” y 17% en la “Segunda Marquetalia - Iván Márquez-. Son, otra vez, grupos ilegales financiados y movidos por el narcotráfico. Colombia tiene 142 mil hectáreas de coca; en 2012 eran 47 mil; un crecimiento que no ...

Héroes anónimos

  La policía ha sido una institución fundamental para la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico. Miles de héroes anónimos han contribuido para salvaguardar la vida y la seguridad. Todo es susceptible de mejorar para adaptarse mejor: Procedimientos más precisos, formación para situaciones de estrés, entrenamiento para nuevos tipos de criminalidad y empatía con las nuevas generaciones. La reforma policial que cursa en el Congreso es un avance en el propósito fundamental para restablecer la confianza entre ciudadanía y policía. Existe déficit de policías en el país. Para el año 2015 eran 185 mil, hoy tenemos 168 mil. A esto hay que considerar los más de 30 mil que podrán pedir su retiro con la sentencia del Consejo de Estado. Cerca de 28 mil policías son asignados a los más de 4 mil cuadrantes nacionales, pero solo tenemos 9 mil por turno. Para agosto de este año, la policía recibió más de 472 mil llamadas donde se dio respuesta a un 68%; 151 mil quedaron sin respuesta. ...

Politización de la justicia

  Si quedaba alguna duda que el proceso contra el presidente Uribe es político, quedó evidenciado que lo es. Presiones, la trasmisión ilegal de la sesión reservada por periodistas antiurbistas son muestras y el fallo es la prueba.  La Corte tomó la decisión de igualar dos modelos de justicia no homologables. El sistema penal inquisitivo de la ley 600 y el sistema penal acusatorio de la ley 906. Soy de la opinión de que la ley 600 está derogada por el Congreso. Vive por una decisión ya extraña de las Cortes. La cuestión era resolver si una indagatoria equivale a una imputación de cargos. No voy a detenerme en las diferencias que han sido ampliamente discutidas. Los salvamentos de voto de los magistrados Ibañez y Rojas explican con precisión el error jurídico de esa decisión. El último enumeró más de 30 irregularidades. La cuestión que más me llama la atención ha sido el argumento de que la renuncia al Senado no puede dar lugar a que se dilate el proceso. Aplica un principi...

Distribución de los recursos públicos

  Colombia es el país más desigual en ingresos de la OCDE y el segundo en América Latina. Según el Banco Mundial, al ritmo actual, tardaremos tres décadas y media en alcanzar el nivel de los países desarrollados. Un país de ingresos medios como Colombia no puede tener más de 7 millones de personas en la pobreza extrema y 21 millones en la pobreza monetaria. Aumentar y lograr una mejor distribución de los recursos públicos para acabar con la pobreza es uno de los vacíos en la política económica colombiana. La desigualdad económica  per se  no es un problema salvo que coexista con la pobreza. Esta precisión es necesaria porque acabar con la desigualdad puede a su vez destruir la riqueza, y convertir una sociedad en más igualitaria, pero con más pobres. Por esta razón, la política de estado debe ser erradicar la pobreza más no la desigualdad, y para ello debe existir una mejor distribución de los recursos públicos. Colombia tiene dos retos en esa distribución. Por el lado de...

La política de la imposición

  El pasado 28 de octubre se firmó un acuerdo de cooperación entre la Corte Penal Internacional y el Gobierno de Colombia. Los líderes del Si, tratando de buscar una legitimidad que no tienen en el elector primario, han salido a interpretar el comunicado con su ya conocida política de la imposición. El presidente de la JEP asegura que mi proyecto de ley sobre la creación de una sala especial para las Fuerzas Armadas tendría como resultado  “la inmediata e ipso facto intervención de la Corte Penal Internacional” , y que el Estado debe “ preservar la naturaleza constitucion al” de la Jurisdicción Especial para la Paz. Se les olvida que el Congreso de la República tiene la facultad y el deber para reformar normas constitucionales, y que ningún organismo internacional está por encima de la Constitución colombiana. No creo que el fiscal Karim haya insinuado que su corte está por encima de la soberanía nacional, pero la respuesta intransigente de la JEP no es más que el resultado de...