La claridad 2015

  En medio de tantos proyectos y asuntos pocos han reparado el proyecto de ley estatutaria para la educación. No es nada memorable. Un decálogo de derechos fundamentales sin asideros fiscales ni mecanismos eficaces. Se trata de otro más de la lista larga de los proyectos de gobierno, llenos de buenas e inocuas intenciones y, de cuando en cuando, un asunto de fondo de altísimo contenido ideológico que, si no destruye, daña. Ante la inmensa crisis de la calidad de la educación básica y media que vive el país, uno esperaría una apuesta por cerrar las brechas ahí: en la infancia y el bachillerato que es el origen del problema. Ahí donde se crean las mayores inequidades no hay nada. No aparecen por ninguna parte las competencias básicas de lectoescritura, matemáticas y ciencias en donde tenemos las fallas más protuberantes. Se incluyen conocimientos tradicionales y étnicos que podrían ser un excelente complemento, pero sin las competencias básicas nos deja en el limbo. Para los niños lo...

  La Corte Constitucional falló a favor de mi demanda contra la creación del Ministerio de la Igualdad por vicios de trámite durante su aprobación en el Senado. El Gobierno nacional nunca presentó el estudio de impacto fiscal del proyecto. Se trata de una norma básica de responsabilidad con el país: cada vez que se aprueba un proyecto de ley debe existir un estudio serio que estime los costos y determine si tenemos los recursos para pagarlo. Es una práctica que espera que tanto congresistas como gobierno disciplinen sus iniciativas a un principio de realidad: saber cuánto cuesta y si podemos pagarlo. Nadie sabía cuánto costaría el nuevo ministerio, de dónde saldrían los recursos ni si tenía compatibilidad con el Marco Fiscal. Y ésta ha sido una constante del gobierno: no hacen los estudios económicos de los proyectos; no lo tienen la reforma pensional ni la ya archivada reforma a la salud. Y es una muestra fáctica de cómo al gobierno las consideraciones en torno a los recursos lo t...

  El gobierno nacional dice que no busca expropiar, pero lo cierto es que ha buscado normas para hacerlo desde que se posesionó. Primero fue en el Plan Nacional de Desarrollo donde introdujeron la expropiación exprés, sin embargo, logramos modificarlo. Hábilmente metieron otro artículo similar en una proposición que fue votada sin que fuera leída. Hoy la tenemos demandada ante la Corte Constitucional. Luego salió el borrador del decreto que desarrollaba el artículo y hubo gran revuelo. Nuevamente estamos enfrentados al mismo deseo expropiatorio.  Ahora con la forma de Jurisdicción Agraria. Un monstruo que quedó pactado en el acuerdo de La Habana -aunque allá sin contenido- ahora se vuelve en una eficaz herramienta para abolir la propiedad privada. El proyecto de ley, que desarrolla una creación constitucional ya aprobada, entra a primer debate la próxima semana en mi Comisión Primera. Por las batallas que hemos tenido que dar frente a los proyectos de salud y pensiones ha pasa...