“Quiero votar paz sin impunidad”: senadora Paloma Valencia ante la Corte Constitucional

Bogotá, 26 de mayo de 2016(CD). La siguiente es la intervención, que como ciudadana, realizó este jueves la senadora Paloma Valencia ante la Corte Constitucional, en el marco de la audiencia pública sobre el plebiscito por la paz:

1. ¿Por qué los acuerdos de La Habana necesitan refrendación?

Estos acuerdos de La Habana requieren refrendación por la menos tres razones:

a) Promesa de campaña

Fue una promesa de campaña, muchos ciudadanos que se sentían inquietos frente a lo que se negociaba aceptaron votar por Santos, bajo su promesa reiterada de que la ultima palabra de los acuerdos estaría en manos de los ciudadanos.

b) Sin acuerdo nacional no habrá estabilidad de los Acuerdos

La primera un asunto como unos acuerdos requieren aceptación de toda la Nación para poder perdurar en el tiempo. Lo contrario van a ser inestables. Para eso el mecanismo debe proveer garantías para quienes participan.

c) El presidente Santos se excedió en la negociación

Un presidente –como cualquier funcionario público- tiene un límite frente a lo que puede hacer, dado por la Constitución y la ley. Cuando el presidente Santos asumió que la paz, le permite negociar por encima de la Constitución, es decir pactar modificaciones del contrato fundacional de nuestra sociedad, no puede pretender que aquello se incorpore de manera automática, pues equivale a suplantar el poder constituyente del pueblo por un poder del presidente. Santos negoció por fuera de la Constitución, no sólo una justicia transicional que en nuestra opinión equivale a una ‘ley de punto final’ que busca encubrir la impunidad con la sofisticación de que son juzgados y condenados, pero terminan sin pagar ni un solo día de cárcel. También comprometió la institucionalidad con la creación de un tribunal de paz, que va a juzgar no solo a miembros de las Farc sino a todos los que hayan tenido que ver de manera directa o indirecta con el llamado conflicto armado.

La paz lo justifica todo

La paz es un fin que justifica todo, parece ser la versión del Gobierno. Y podríamos aceptarla, si realmente la promesa fuera la paz. Pero no se puede confundir un acuerdo con uno de los actores violentos del país, así sea el más viejo y el que más crímenes ha cometido, con la paz. Los propios negociadores admiten y saben que de la firma no saldrá la paz, viene un periodo donde habrá que construir una sociedad en paz. Algunos creen que el acuerdo facilitará el asunto, otros creemos que no pues consideramos que la injusticia d que criminales de lesa humanidad no paguen cárcel y además sean premiados con representación.

La política no es sobre qué y sino sobre cómo

La política en general no se pregunta sobre los fines frente a los que en general estamos de acuerdo, se pregunta por los medios para llegar a esos fines. Y como la política no es una ciencia exacta que permita saber con antelación las consecuencias exactas de las decisiones, que pueden tener costos para los ciudadanos, la democracia ha creado la manera de resolver la perplejidad argumentativa a través de la voluntad de los ciudadanos. Quienes en ultimas están llamados a tomar la decisión y asumir el peso de las decisiones.

Por eso, esta decisión sobre si este proceso le conviene o no a Colombia debe ser una decisión que tomen los colombianos, más cuando aquella decisión supone cambios de nuestra Constitución, y nuestro edificio normativo.

En general, una gran decisión que implica tantos cambios debería tener las mayores y mejores garantías. Debería invitar a la reflexión y a la participación activa.

Sin embargo, con el argumento de la importancia de la paz -que como he dicho no está en discusión- se ha diseñado un tipo de consulta donde solo un resultado es posible. Aquello es una especie de obligación a adherirnos a los acuerdos, con contrato de adhesión a una negociación del un gobierno –que representa poco mas de la mitad de los colombianos, un grupo terrorista, en que q no tuvo cabida ningún otro espectro de la opinión política de la Nación-.

2. El plebiscito del Gobierno no es otra cosa que un referendo disfrazado de plebiscito.

a) Naturaleza jurídica

Tiene materia de referendo

Los plebiscitos consultan asuntos de la función ejecutiva, del Presidente, que no modifican ni impactan la Constitución ni la ley. En tanto un referendo modifica la ley o la Constitución, se refiere a las funciones del legislativo.

El acuerdo no es una política del ejecutivo, es una reforma a la Constitución y la ley. Si el Presidente se hubiera sometido a la ley y la Constitución no tendría que refrendar.

Tiene umbral de referendo

Lo único que lo diferencia del referendo es que el plebiscito por la paz tiene votación en bloque

¿Por qué si ya existía el referendo para la paz, cambian al plebiscito?

El Gobierno pretende evadir la obligación que impuso la Corte Constitucional de que el constituyente primario debe ser consultado sobre cada uno de los asuntos de manera separada, para que la genuina expresión de la voluntad de los ciudadanos se exprese.

Es evidente en las encuestas de opinión que la gente si se le pregunta por la paz, vota si, si se le pregunta asunto por asunto vota no a la representación política,

3. Violación al principio de la lealtad y libertad del elector

La Corte Constitucional ha insistido en que es fundamento del voto, que pueda cada uno elegir la que considere la mejor opción, para lo cual es necesario que haya garantías para que así suceda.

a) Financiación sólo para el sí

El Gobierno tiene por la ley cinco minutos gratis en radio y televisión privada, de medios públicos y privados en horario ‘prime time’, además de posibilidad de pautar en medios y utilizar recursos públicos para ello. El No y la abstención tendrían que buscar los recursos en el sector privado para hacerlo.

b) Pregunta capciosa

Aunque no conocemos la pregunta será escogida por el Gobierno. Aquello significa que será como lo ha pretendido el Gobierno una pregunta sobre la paz. Seguramente será, si se aprueban los acuerdos para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Además sabemos ya, por la campaña, que ha emprendido que la pregunta es si se quiere o no la paz.

La paz y los acuerdos no son equivalentes. Esta es precisamente la cuestión. Lo que se le debe preguntar a los colombianos es cuál debe ser el contenido de una negociación de manera que permita la paz.

¿Un acuerdo con impunidad para los criminales de lesa humanidad contribuye a la paz?

¿Puede perdonar una sociedad donde las víctimas y sus familias van a tener que soportar ver a los victimarios convertidos en figuras políticas en sus territorios o a nivel nacional?

¿Cuáles son los incentivos de una sociedad que aprende que hay ciertos crimines que se pueden perdonar, si hay un discurso político y no logran ser sometidos por la ley?

¿Ser pillo paga?

c) Estigmatización de una posición

Muchos estamos convencidos de que este proceso no traerá paz y por lo tanto exigimos el mínimo respeto de que el acuerdo de La Habana no sea confundido con la paz. Que quienes criticamos la impunidad y la injusticia no podemos ser calificados con enemigos de la paz, como lo ha venido haciendo el Gobierno.

Más aún cuando hemos podido oír al Presidente y sus Ministros que quien vote por el ‘no’ quiere la guerra, quiere que los asesinatos sigan y además quiere quedarse desempleado. Aquello es una amenaza que destruye cualquier libertad del votante. Equivale a decir que quien vota por el no se hace responsable de la violencia de los ilegales.

d) La votación en bloque entre la paz y la guerra deja a muchos colombianos sin posibilidad de votar

Yo quiero votar: quiero votar paz sin impunidad; pero como está configurado el mecanismo solo es posible votar paz o guerra. Miles de colombianos estamos sin posibilidad expresar nuestra posición al respecto. Los colombianos, según las encuestas, en un 60% - 70% apoyan la paz, pero entre un 70% - 80% no quieren representación política de las Farc, y en el mismo porcentaje exigen cárcel. El Gobierno quiere forzar la decisión, en una votación de si o no, tómelo o déjelo, contrato de adhesión.

4. Activa el Acto Legislativo para la paz, que es una amenaza a las instituciones democráticas.

El plebiscito no trae la paz, como lo promete el gobierno, sino que activa el acto legislativo para la paz que traía tres parte todas muy peligrosas para la democracia:

a) Proceso legislativo exprés para modificar la Constitución y expedir todo tipo de leyes, donde el Congreso adhiere a las propuestas del Gobierno, sin poder modificar nada. Será un simple notario.

b) Facultades sin limite de materia para el Presidente por 6 meses para expedir todas las leyes ordinarias que faciliten la implementación de los acuerdos.

c) Plan plurianual de inversiones para la paz que compromete el presupuesto de los futuros gobiernos.

Pero que en su séptimo debate tuvo nuevos avances aun más graves y preocupantes.

d) Los acuerdos de La Habana se incorporan a la Constitución de manera automática.

e) Se pretende otorgarle estatus supra constitucional a los acuerdos de la Habana de manera que ningún movimiento democrático pueda modificarlos en el futuro: ni un congreso futuro, ni siquiera una asamblea nacional constituyente.

5. ¿Qué pedimos?

Esta refrendación deber ser seria garantista y leal a los derechos y libertades de los ciudadanos; no se puede admitir que el gobierno con sus mayorías manipule la ley y la Constitución para fingir una voluntad popular inexistente.

Le pedimos a esta Honorable Corte Constitucional que declare la constitucionalidad condicionada, de manera que el mecanismo de refrendación se ajuste a un referendo como corresponde.

· Se mantengan los umbrales existentes.

· Se hagan preguntas precisas, que no induzcan a ninguna una respuesta.

· Se otorgue financiación idéntica a las formas de participación, si no o abstención.

· Se prohíba la estigmatización de una de las posturas.

· Se limiten los poderes de contratación del gobierno para garantizar la igualdad.

· Se den garantías para que los ciudadanos en zonas de presencia de las Farc no sea amenazados, esto significa que las Farc deben estar concentradas cuando se consulte a los colombianos.

· Se permita que los ciudadanos sean consultado sobre cada uno de los asuntos importantes de los acuerdos de la Habana, que no excederán 10 ó 12 temas.

Solo así los ciudadanos podrán expresar su verdadera voluntad:

Yo quiero votar: quiero votar paz, sí, pero con cárcel para criminales de lesa humanidad.

Quiero votar paz, sí, pero sin representación política de criminales de lesa humanidad.

Quiero votar paz, pero entrega de las armas para su destrucción y entrega de todo el dinero del narcotráfico, minería ilegal, secuestro, extorsión para reparar a las víctimas.

Quiero votar paz, sí, pero jamás el narcotráfico, el secuestro como delitos políticos.

Quiero votar paz, sin comparar las Fuerzas Armadas de Colombia que han sido el ejército de la democracia, con grupos terroristas.

Quiero votar paz, pero sin remplazar las instituciones de la justicia colombiana por un nuevo tribunal cuyo mecanismo de selección este dado por el gobierno más corrupto e impopular de los últimos años y un grupo que tanto dolor ha causado a los colombianos.

Quiero pedirle a esta Corte Constitucional que comprenda la magnitud de la decisión que hoy se toma, de la que depende la si el pueblo colombiano es soberano.

Que nos dejen tener la última palabra en un referendo con garantía, y el poder soberano del pueblo le haga saber a las Farc que si quieren regresar al seno de esta sociedad habrá condiciones impuestas por el propio pueblo. Los negociadores del Gobierno seguirán en el trabajo de negociar en La Habana con las Farc no bajo el capricho de un Gobierno, sino con el mandato claro de los mínimos que exigen los ciudadanos de Colombia.