Sumergidos en coca

Nos dijeron que los acuerdos de La Habana traerían efectos positivos en la lucha contra el narcotráfico, que se erradicarían los cultivos ilícitos y que se acabarían las organizaciones criminales que hacen parte de la cadena delictiva. También nos dijeron que otras serían las condiciones de los colombianos que viven en las zonas rurales.

Hoy la realidad es otra. Hoy hay más cultivos ilícitos de los que había antes de iniciar el plan Colombia, el área sembrada probablemente supera las 200.000 hectáreas. Los colombianos en las zonas cocaleras viven el recrudecimiento de la violencia por las disputas entre grupos criminales. Sumado al hecho de que la implementación simultanea de erradicación forzada con sustitución voluntaria, ha generado tensiones y eventos lamentables como el de Tumaco el año pasado o los bloqueos de vías y manifestaciones en varios departamentos del país.

Los resultados de la política de sustitución de este gobierno son lamentables, la implementación de los acuerdos nos tiene sumergidos en coca. De las 50.000 hectáreas que se propuso sustituir en el 2017 apenas completó 15.000, una tercera parte. Y en las otras 50.000 erradicadas de manera forzada, hay indicios de procesos de resiembra y agitación violenta por parte de los grupos criminales.

La violencia volvió a ser latente. La tasa de homicidios en municipios con cultivos de coca subió un 11% y en aquellos donde empezó la sustitución voluntaria, los homicidios se dispararon un 33%, según la Fundación Ideas para la Paz. El mensaje es claro; el narcotráfico volvió a tomar fuerza. Los acuerdos de la Habana no trajeron la anhelada paz y tampoco están mejorando las condiciones de los territorios que históricamente han sufrido el flagelo del narcotráfico.

En regiones como la del Catatumbo y en departamentos como Guaviare, Caquetá, Nariño y Cauca hay denuncias de presencia de las disidencias de las FARC, del EPL y del clan del golfo. El mensaje de impunidad del acuerdo incentivó nuevas formas de violencia que ahora se disputan el negocio lucrativo del narcotráfico.

Lo mismo ocurre con los planes de infraestructura rural. Este gobierno vía Fast Track le quitó 1.2 billones de pesos al fondo de Ciencia y Tecnología para desarrollar un programa de vías terciarias que no avanza, ni muestra resultados. De los 1.308 proyectos identificados solo ha terminado 4.8% y apenas 9.3% se encuentran en desarrollo.

El panorama se agrava, con el hecho de que los recursos están gestionados de manera centralizada y burocratizada. No es de extrañarse qué en época electoral, el dinero se esté usando para favorecer intereses del régimen corrupto de Santos.  

Sumado a estos desaciertos, las 54.000 familias que fueron vinculadas a los acuerdos de sustitución se encuentran en un ambiente de incertidumbre. La asistencia técnica no ha llegado de manera oportuna a las unidades productivas, retrasando el inicio de los nuevos proyectos productivos y abriendo paso a la posibilidad de que las familias deserten su participación en el programa.

En este panorama son ausentes políticas que fueron efectivas en la lucha contra el narcotráfico y que se dejaron de lado para complacer las peticiones de las FARC en los acuerdos.

Se suspendió la fumigación y aspersión aérea, se redujo a mínimos la erradicación manual y se acabaron programas de sustitución que mostraban resultados favorables como el de familias guardabosques.

Las más de 180.000 familias colombianas en 180 municipios, que dependen de actividades relacionadas con el cultivo de coca, no merecen seguir siendo víctimas de este flagelo.

Un gobierno del Centro Democrático con Iván Duque en la presidencia y una bancada fuerte en el congreso tendrá la energía y la capacidad para forjar otro escenario para nuestras regiones. Se necesita de la mano firme contra los criminales, desmantelando laboratorios, persiguiendo y acorralando a los carteles, jibaros y vendedores de droga.

Pero se necesita del corazón grande para los campesinos y colombianos que quieren hacer las cosas bien. Se hace necesario reactivar el programa de familias guardabosques para proteger zonas de reserva, complementado con alternativas de producción, estrategias de asociatividad y generación de cadenas de valor para la sustitución.

Los colombianos tenemos la oportunidad de retomar el rumbo, de elegir un gobierno que este del lado de los colombianos que quieren hacer las cosas bien y no atento a complacer los criminales y terroristas que tanto mal le hacen a nuestro país. Es hora de retomar el rumbo.

Paloma Valencia L.