Reescribir la historia (I)

 La Comisión de la Verdad es otra institución creada por el Acuerdo de La Habana y rechazada por los colombianos en el plebiscito de 2016.  Desde la selección de sus comisionados presentamos reparos y afirmamos que iban a presentar una verdad parcializada.  Y así fue. El pasado 28 de junio presentaron su informe “Hay futuro SI HAY VERDAD” con un remedo de verdad ideologizada en contra del Estado y las Fuerzas Armadas.

Dentro de los comisionados no hubo ni empresarios ni campesinos. No estuvieron las fuerzas políticas, ni los que criticábamos el acuerdo. Solo la izquierda estuvo representada.

Los comisionados están tan parcializados e ideológicamente comprometidos que se puede escuchar a la comisionada Lucía Gonzáles diciendo: “Jesús Santrich, necesitamos de su sabiduría y su alegría”. Solo hubo un representante de los militares, el mayor (r) Carlos Ospina, quien renunció a la comisión el pasado 2 de mayo argumentado una parcialidad total del informe final. “Las mayorías allí imponen su punto de vista…el informe va a poner la mayor responsabilidad del conflicto en el Estado, sus instituciones, la fuerza pública y los empresarios”.

El Informe es la historia escrita desde una sola perspectiva, y con un propósito político. Culpan al Estado y a sus Fuerzas para exculpar el aparato criminal de la izquierda, en la que los comisionados militan, aunque ellos sin armas.

El acápite del informe final denominado “Hallazgos”, encontramos 137 observaciones en contra del Estado y las Fuerzas Armadas, parcializadas por supuesto. Sentencian al Estado como uno de los principales responsables de la violencia: el Estado como origen de la violencia y culpabilidad directa a la Fuerza Pública. Igualan la Fuerza Pública a grupos criminales, mencionan la Fuerza Pública como el enemigo de civiles y concluyen que la Fuerza Pública tiene una doctrina de guerra. Contrasta en que en todo el informe final sólo en dos párrafos se reconocen los logros de la Fuerza Pública y el Estado contra la criminalidad.

El sesgo del informe también se puede evidenciar en el número de veces que se usaron palabras clave. Las palabras “militares”, “ejército”, “fuerzas armadas”, “fuerza pública”, “policía” y “estado” se mencionaron 2.588 veces, en cambio las palabras “guerrilla”, “grupos armados”, “insurgente” y “Farc” solo 911 veces. Y eso que la gran mayoría de las veces que se mencionan a las Farc se hace para titular el acuerdo de la Habana. Poco dicen del accionar criminal y terrorista de la organización.  También se menciona paramilitar 826 veces y conflicto 963.

La falta de imparcialidad también es evidente entre capítulos, sobre todo en testimonios. El capítulo de “entramados del paramilitarismo” contiene en promedio cada tres páginas un testimonio, donde la mayoría son en contra de las Fuerzas Armadas, y el capítulo de “insurgencias” contiene testimonios de los mismos guerrilleros victimizándose y juzgando al Estado y a la Fuerza Pública. El informe siempre concluye sin evidencia adicional que las Fuerzas Armadas son coautoras y generadoras del paramilitarismo, y el modelo de seguridad como autor de la violencia de Colombia.

Los comisionados están tan parcializados e ideológicamente comprometidos que se puede escuchar a la comisionada Lucía Gonzáles diciendo: “Jesús Santrich, necesitamos de su sabiduría y su alegría”. Solo hubo un representante de los militares, el mayor (r) Carlos Ospina, quien renunció a la comisión el pasado 2 de mayo argumentado una parcialidad total del informe final. “Las mayorías allí imponen su punto de vista…el informe va a poner la mayor responsabilidad del conflicto en el Estado, sus instituciones, la fuerza pública y los empresarios”.

El Informe es la historia escrita desde una sola perspectiva, y con un propósito político. Culpan al Estado y a sus Fuerzas para exculpar el aparato criminal de la izquierda, en la que los comisionados militan, aunque ellos sin armas.

El acápite del informe final denominado “Hallazgos”, encontramos 137 observaciones en contra del Estado y las Fuerzas Armadas, parcializadas por supuesto. Sentencian al Estado como uno de los principales responsables de la violencia: el Estado como origen de la violencia y culpabilidad directa a la Fuerza Pública. Igualan la Fuerza Pública a grupos criminales, mencionan la Fuerza Pública como el enemigo de civiles y concluyen que la Fuerza Pública tiene una doctrina de guerra. Contrasta en que en todo el informe final sólo en dos párrafos se reconocen los logros de la Fuerza Pública y el Estado contra la criminalidad.

El sesgo del informe también se puede evidenciar en el número de veces que se usaron palabras clave. Las palabras “militares”, “ejército”, “fuerzas armadas”, “fuerza pública”, “policía” y “estado” se mencionaron 2.588 veces, en cambio las palabras “guerrilla”, “grupos armados”, “insurgente” y “Farc” solo 911 veces. Y eso que la gran mayoría de las veces que se mencionan a las Farc se hace para titular el acuerdo de la Habana. Poco dicen del accionar criminal y terrorista de la organización.  También se menciona paramilitar 826 veces y conflicto 963.

La falta de imparcialidad también es evidente entre capítulos, sobre todo en testimonios. El capítulo de “entramados del paramilitarismo” contiene en promedio cada tres páginas un testimonio, donde la mayoría son en contra de las Fuerzas Armadas, y el capítulo de “insurgencias” contiene testimonios de los mismos guerrilleros victimizándose y juzgando al Estado y a la Fuerza Pública. El informe siempre concluye sin evidencia adicional que las Fuerzas Armadas son coautoras y generadoras del paramilitarismo, y el modelo de seguridad como autor de la violencia de Colombia.