#YoDefiendoLaMacarena
Sin embargo, el
Congreso es de limitada incidencia en la país. Acompañe, entonces al Alcalde a
hablar con cada uno de los medios que cubren las noticias del congreso, y
pudimos publicitar la denuncia. Inmediatamente se encendieron las redes
sociales, y la defensa de ese valioso ecosistema de Caño Cristales se volvió
tendencia. El Gobierno –mediático como es- no tardó en anunciar la suspensión
creyendo, tal vez, que con ellos apaciguaría los ánimos, que siguieron
encendidos. La presión política iba en aumento; varios debates de control
político se programaron en el Congreso. Anunciaron, entonces, la revocatoria de
la licencia ambiental.
El movimiento,
donde hubo una buena sincronización de las autoridades locales, el Congreso,
los medios y la ciudadanía mostró varios asuntos que debemos registrar.
El Anla está
tomando decisiones que no respetan el triangulo del desarrollo sostenible según
el cual un buen proyecto es aquel que mantiene el equilibrio entre los
beneficios económicos, los impactos ambientales y los impactos sociales. Es
evidente que en este caso, como en muchos otros, se privilegia la apetencia de
recursos del nivel central, sin consideraciones a los impactos regionales. El
diseño del sistema tiene una falencia evidente, el gobierno central –en medio
de su crisis fiscal- lo único que quiere son más recursos, y los impactos no
los recibe Bogotá, sino comunidades con las que jamás tendrá contacto los
funcionarios del Anla.
Otra vez fracasó
la CAR. Cormacarena presentó un concepto técnico en el que rechazaba la exploración
y explotación petrolera en el área, pero lo hizo de manera extemporánea. Lo
curioso es que todos conocían el concepto, y el Anla lo recibió aún antes de
decidir; y convenientemente no lo consideraron. Así que las observaciones sobre
la zona de amortiguación del Parque Tinigua, que sea zona de recuperación para
la protección sur, la existencia de un Distrito de Manejo Integrado
Ariari-Guayabero fueron olímpicamente ignoradas por el Anla, excusándose en la ausencia
de concepto.
El que el Distrito de manejo no tuviera
plan de manejo, sirvió de excusa para decir que se podía hacer de todo. Por principio
de protección, el Anla debió haberle exigido a Cormacarena la expedición de ese
plan de manejo, antes de dar la licencia. No lo hizo. Lo grave, es que el plan
ya existía y restringe esas actividades, pero demoraron su publicación varios
meses –¿mientras se expedía la licencia?. Maniobras todas poco claras.
Urge una da
reforma a las instituciones ambientales; los procesos de licenciamiento.
Colombia debe defender su patrimonio ambiental, y articular el desarrollo económico
y el bienestar social con responsabilidad hacia el futuro.
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