Fast track ¿adiós a la democracia?

Algunos se preguntan qué problema tiene que las leyes se hagan más rápido y que los

acuerdos se implementen con flexibilidad y facilidad. Sin embargo, aquellos no están

pensando en lo que el “fast track” significa. Se nos vienen profundas modificaciones no solo

legales, sino y sobretodo, constitucionales. El Gobierno y las Farc tiene la intención de que las

310 páginas sean algo así como un apéndice de la Constitución, y que en aquello que haya

contradicción la Constitución sea modificada.

Sencillamente nos van a cambiar la Carta, y por eso no exageran quienes dicen que la

Constitución del 91 está muerta. Si bien, el mismo texto superior prevé las posibilidades de su

modificación, aquellas requieren: un procedimiento y tiempos –que se va a desconocer-, tiene

jurisprudencialmente unos límites dados por la teoría sustitución –no todo lo puede modificar

el Congreso- y finalmente se trata de asuntos tan de fondo que requerirían una Asamblea

Constituyente.

A todo esto habría que agregar que estas modificaciones, como el procedimiento del “fast

track” fueron rechazados por el voto del 2 de octubre donde venció el No. La situación de

nuestra democracia es francamente alarmante. Por supuesto que aquella no se limita a la

voluntad de la mayoría, pero en ninguna parte de mundo sería aceptable que la decisión

expresa, clara y contundente del pueblo frente a un asunto que el han consultado, sea

arbitrariamente desconocida.

En una democracia puede haber reglas sobre aquello que se le puede o debe consultar a la

ciudadanía, pero una vez consultada sus decisiones son soberanas. Sólo pueden ser revocadas

por el propio pueblo. El plebiscito es este caso; pueden argumentar que la refrendación

popular no era necesaria –opinión de la que me aparto pues el acuerdo suponía profundas

modificaciones constitucionales- pero una vez realizada la consulta su obligatoriedad es

incuestionable.

Lo que estamos viendo es el desarrollo descarado de las trampas y tretas. Hablan de un nuevo

acuerdo cuando en realidad es el mismo con pequeñas modificaciones. No lo someten a

consideración de la ciudadanía porque saben que volvería a ser rechazado. Se inventan una

refrendación –atípica y por lo tanto ilegal- en el Congreso y, la Corte Constitucional en un

comunicado flojo, ambiguo e irresponsable no define nada de fondo; prácticamente le cede al

Congreso la facultad para decidir si esa refrendación –realizada por ellos mismos- es

suficiente, y entonces admite el fast track.

Desconoció así la Corte la demanda interpuesta por el Centro Democrático y el más de un

millón trecientos mil colombianos que acompañaron la demanda con su firma por la

resistencia civil. No acumuló las demandas, no resolvió la nuestra. Se limitó a una demanda

parcial. Creíamos en la Corte por eso demandamos, por eso hemos participado en audiencias,

pedido acciones, audiencias de seguimiento, intervenciones... Nada nos han concedido. La

mayoría de los Magistrados, en mi opinión, es partidaria de la negociación de la Habana –y eso

no tiene nada de malo-, lo grave es que no logran independizar su postura política, de los

textos constitucionales. Abandonó la defensa de la participación ciudadana y la obligatoriedad

de las decisiones del pueblo como principios rectores de la Constitución del 91, dejó de lado la

teoría de la sustitución constitucional y todo en nombre de una paz, que no es paz.