La claridad 2015

Entre 1958 y 2018 se han contabilizado 15.738 víctimas de violencia sexual por parte de actores de la violencia en Colombia. El 42% de los casos es atribuido a las guerrillas. Lo nuevo, lo que los colombianos apenas estamos descubriendo es la empresa criminal de la esclavitud sexual de niños y niñas en las Farc.  Conocer a Lorena Murcia y a las niñas de la Corporación Rosa Blanca ha sido, en lo personal, una dura experiencia. Conozco y he vivido muy cerca de muchas víctimas, pero me ha conmovido de una manera indecible sus testimonios. Niñas que fueron arrancadas de sus casas. Niñas a las que “les robaron su niñez”, que fueron reclutadas, lejos de sus hogares, de sus padres, de las cosas propias de su edad y en las Farc dotadas de arma y uniforme, fueron sometidas a la esclavitud sexual. Las vírgenes violadas por los comandantes una vez “desgastadas” iban bajando en la cadena de mando. De mano en mano. Entre una especie de obligación que según ellas narran, Victoria Sandi...

Hábilmente la izquierda pretende desconocer que las decisiones políticas de conveniencia o inconveniencia en una democracia le corresponden al Presidente. Sostienen en un sofisma que como la Corte Constitucional ya dijo que estos concretos artículos de la ley estatutaria eran constitucionales, eso excluye la posibilidad de que esos apartes sean considerados como inconvenientes. La constitucionalidad de una norma no siempre supone la inmediata inconstitucionalidad de otra alternativa. La interpretación constitucional se refiere a una norma específica, y no excluye normas similares o distintas. Así por ejemplo, dijo la Corte que es constitucional la norma sobre la reparación de las víctimas, aunque sea ambigua; lo que en ningún caso significa que una norma precisa sobre la materia sea inconstitucional. Dijo la Corte que es constitucional que los delitos de violencia sexual vayan a la JEP, pero si el Presidente presenta una reforma constitucional para que no vayan, pues aquella refor...

Estamos llegando al momento decisivo, el gobierno tendrá que decidir si radica o no objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Estoy doblemente convencida de que lo hará. En otra columna explicaba qué hay temas como el de impedir que los delitos sexuales contra menores de edad sean juzgados por la JEP. Exigir que criminales de lesa humanidad tengan condenas proporcionales a sus crímenes y paguen penas privativas de la libertad aunque sea en colonias agrícolas, haciendo así incompatible la política y la pena, al menos el tiempo de la pena. Exigir que quien incumpla los acuerdos y vuelva a delinquir (salvo delitos culposos) pierda todos los beneficios. Permitir que la Fiscalía avance en las investigaciones de reincidentes y de quienes no se han sometido a la JEP. Construir una justicia justa para los militares, que garantice jueces que conocen el DIH y los manuales operacionales de las fuerzas, cuyo origen no suponga un sesgo contra las fuerzas armadas y que garantice la presunción de...

Al cierre del 2018,  el 5% de la población colombiana no sabía leer ni escribir. En los próximos años se llegará a la tasa cero de analfabetismo. Aun así, la cuarta revolución industrial está cambiando esa definición. A 2050, un colombiano que no sepa programar un computador o no tenga fundamentos de robótica será considerado un analfabeta. Tenemos que reinventar la educación del país. La automatización de procesos está cambiando los empleos del mundo. Un estudio de la OCDE  a 32 países reveló que 14% de las carreras profesionales están en alto riesgo de desaparecer, y un 30% adicional con una probabilidad del 50% de también ser automatizadas. En Colombia tenemos que planear ahora donde queremos estar para entonces. Cuáles  profesiones debemos enfatizar y cuáles desalentar. Definir nuestras apuestas hacia el futuro. Del 2001 al 2017 las instituciones de educación superior han graduado 4,2 millones de estudiantes. El 34% han sido en carreas económicas, un 18% en human...

La ley estatutaria de la JEP debió haber sido declarada inexequible en varios de sus apartes por la Corte Constitucional. Aquello no sucedió porque el gobierno Santos condicionó la elección de los nuevos magistrados de esa Corte, a la defensa de los acuerdos de La Habana. Tal vez ya hemos olvidado el linchamiento del que fue víctima un magistrado que se atrevió a modular en algo alguna pieza de los acuerdos. Ya no queremos recordar cómo la elección de los magistrados, en especial Diana Fajardo, estuvo marcada por la presión del Gobierno. Las órdenes y las amenazas se sentían el recinto del Congreso. Incluso demandé esa elección haciendo uso de un video donde se ve a los senadores voceros del gobierno presionando los votos, obligando a que los mostraran. El “tú cuidas la paz y yo te elijo” cambió la defensa de la Constitución por la defensa de los acuerdos. Nuestra Constitución prevé que no solo las leyes pueden ser objetadas por inconstitucionales, sino también por inconveniencia po...

Dice el cabecilla de las Farc desde la clandestinidad que fue un error dejar las armas, y que el Estado colombiano incumplió. Además de la pésima negociación donde se prometía y se entregaba todo a cambio de muy poco. Eso poco que tenían que hacer las Farc no lo hicieron. Márquez no está sometido a la justicia, aunque la JEP se empeñe en decirlo. Y ni las rentas de su vida criminal entregaron. Según investigaciones de la Fiscalía, las Farc obtuvieron rentas por más de 19 billones de pesos entre 1995 y 2015. Esto equivale a 2,5 veces los ingresos que se esperan obtener en la Ley de Financiamiento, o cerca de 2 veces el presupuesto para el metro elevado en Bogotá. Aun así, el inventario entregado por las Farc solo equivale al 5% de ese valor. ¿Dónde está el resto? Entre 1996 y el 2012 las Farc obtuvieron por secuestros un estimado de 3,7 billones de pesos. Ese valor es mayor en 1,5 veces el presupuesto Agropecuario, o igual a 9 veces el presupuesto para Ciencia y Tecnología para el ...

Del 2002 al 2010 la tasa de homicidios se redujo en 35 puntos en Colombia. La mayor reducción en la historia de un gobierno en el país. La política de seguridad del gobierno Uribe fue efectiva. En cambio, del 2010 al 2017, la tasa de homicidios solamente decreció en 9 puntos. Incluso para 2018 se presentó un crecimiento de asesinatos alcanzando un promedio de 22 muertes por cada 100 mil habitantes. El pacto por la legalidad del gobierno Duque busca recuperar una política de seguridad y defensa para los colombianos. La cooperación ciudadana en la búsqueda de la legalidad es necesaria. El gobierno del presidente Duque lanzó el programa de Red de Participación Cívica donde se ofrece recompensas para quienes colaboren con información sobre criminales. Una red de informantes. Este modelo implementado durante el gobierno Uribe fue eficaz para que se capturaran a 36.114  miembros de grupos armados. Si la ciudadanía no se siente empoderada de sus territorios, sucede lo del gobierno...