La claridad 2015

  La ley de seguridad ciudadana aprobada en el Congreso no criminaliza la protesta, la fortalece. Reafirma el postulado constitucional de que la ciudadanía puede reunirse y manifestarse de manera pacífica. Lo que lograremos es separar la protesta del vandalismo, los bloqueos y la destrucción. Durante el paro del 2021, la encuesta Invamer mostró que el 79% de los ciudadanos estaba en contra de los bloqueos, y el 95% contra la violencia y, sin embargo, mostraban empatía con las causas del paro. La ley de seguridad ciudadana aumenta las penas de delitos callejeros cuando emplean máscaras o elementos que oculten la identidad. Agrava los delitos cuando hay ataques contra la Fuerza Pública, menores de edad o periodistas. Aumenta penas para quienes ataquen la infraestructura pública, como los sistemas de transporte. La ley pretende poner un límite a las infiltraciones violentas en las protestas pacíficas. Uno de los grandes dolores en las ciudades es que los criminales de delitos menores ...

  La pandemia nos dejó con una pobreza del 42,5% y una pobreza extrema de 7,4 millones de colombianos. El país perdió 509 mil micronegocios, la producción nacional cayó más del 15% y el desempleo juvenil alcanzó el 20%. Aunque según   The Economist   ocupamos el primer puesto en el indicador de Normalidad Global, existe aún descontento. Un escenario fértil para los discursos populistas, que son una amenaza a nuestra democracia, y por lo tanto a nuestras libertades. Es por esta razón que he decidido nuevamente postular mi nombre como candidata al Senado de la República. Para defender el sistema productivo, la generación de más oportunidades, la eliminación de la pobreza extrema, una educación accesible, de calidad y con identidad, y una justicia justa. Durante mis dos periodos legislativos he buscado seguir un camino que permita resultados a favor de los colombianos. En términos de leyes, logré doblar los ingresos del sector ambiental a través de su participación en las re...

  Durante las protestas de este año se decía que los jóvenes eran los protagonistas. Estaban preocupados por el acceso a la educación, un primer empleo, mejoras salariales y mayor participación en las decisiones del país. El Gobierno nacional decidió darles un espacio democrático, mediante las elecciones de los Consejos de Juventud. Sin embargo, de los 12,2 millones jóvenes entre los 14 y 28 años habilitados para votar, solo 1,2 millones lo hicieron, y más de 290 mil votos fueron anulados. Su apatía a la democracia es incongruente con sus ganas de reforma.  Los jóvenes entre los 18 y 30 años representan el 22% de la población colombiana. Para las elecciones presidenciales de primera vuelta en el 2018, menos del 48% ejerció su derecho al voto, y para gobernaciones menos del 45%. La encuesta Invamer de noviembre de este año reveló que el 28% de los jóvenes probablemente no votarán en las el...

  Desde las elecciones de 1991, el Congreso pasó del 9% de participación femenina al 23%.  Aún no representamos ni la cuarta parte del legislativo pese a que el 51,2% de la población colombiana somos mujeres. Nuestra visibilidad en la política se ve afectada por los medios y líderes de opinión que distorsionan nuestro papel político. Concentrados en sucesos secundarios, limitan nuestro impacto. Creo que todo se relaciona con el género. Según la Unidad Interparlamentaria Global, Colombia ocupa el puesto 112 de 193 países en participación de la mujer en el Congreso. Superamos por unos puntos el mínimo legal de la ley de cuotas de participación femenina en las listas de candidaturas, con solo el 35%. Para el año 2018, hubo 945 candidatas al Congreso, mientras hubo 1.751 hombres candidatos. El Centro Democrático ha sido ejemplo de inclusión, teniendo la mayor bancada de senadoras, siete. Le sigue el Conservador con cinco.  Sin embargo, el matoneo mediático por la condición de...

  La semana pasada se cumplieron 5 años de la firma del acuerdo de La Habana y Colombia no tiene paz ni estable ni duradera. Tenemos 10 mil hombres en grupos armados. La paz no se firma en un papel, sino surge del respeto a las instituciones.  Los defensores del NO propusimos observar la incidencia del narcotráfico en la violencia de nuestro país. Sin embargo, los defensores del acuerdo insistían en causas políticas. Dijimos que si el negocio ilegal seguía, la desmovilización solo cambiaría a quienes trafican. Las Farc desmovilizaron 13.202 hombres en el 2016. Cifras de inteligencia al 2020 revelan que el país tiene 9.558 hombres en armas y redes de apoyo. 5 mil hacen parte del Eln, y 4.558 de las disidencias de las Farc: 60% en “Gentil Duarte”, 21% en los “No alineados” y 17% en la “Segunda Marquetalia - Iván Márquez-. Son, otra vez, grupos ilegales financiados y movidos por el narcotráfico. Colombia tiene 142 mil hectáreas de coca; en 2012 eran 47 mil; un crecimiento que no ...

  La policía ha sido una institución fundamental para la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico. Miles de héroes anónimos han contribuido para salvaguardar la vida y la seguridad. Todo es susceptible de mejorar para adaptarse mejor: Procedimientos más precisos, formación para situaciones de estrés, entrenamiento para nuevos tipos de criminalidad y empatía con las nuevas generaciones. La reforma policial que cursa en el Congreso es un avance en el propósito fundamental para restablecer la confianza entre ciudadanía y policía. Existe déficit de policías en el país. Para el año 2015 eran 185 mil, hoy tenemos 168 mil. A esto hay que considerar los más de 30 mil que podrán pedir su retiro con la sentencia del Consejo de Estado. Cerca de 28 mil policías son asignados a los más de 4 mil cuadrantes nacionales, pero solo tenemos 9 mil por turno. Para agosto de este año, la policía recibió más de 472 mil llamadas donde se dio respuesta a un 68%; 151 mil quedaron sin respuesta. ...

  Si quedaba alguna duda que el proceso contra el presidente Uribe es político, quedó evidenciado que lo es. Presiones, la trasmisión ilegal de la sesión reservada por periodistas antiurbistas son muestras y el fallo es la prueba.  La Corte tomó la decisión de igualar dos modelos de justicia no homologables. El sistema penal inquisitivo de la ley 600 y el sistema penal acusatorio de la ley 906. Soy de la opinión de que la ley 600 está derogada por el Congreso. Vive por una decisión ya extraña de las Cortes. La cuestión era resolver si una indagatoria equivale a una imputación de cargos. No voy a detenerme en las diferencias que han sido ampliamente discutidas. Los salvamentos de voto de los magistrados Ibañez y Rojas explican con precisión el error jurídico de esa decisión. El último enumeró más de 30 irregularidades. La cuestión que más me llama la atención ha sido el argumento de que la renuncia al Senado no puede dar lugar a que se dilate el proceso. Aplica un principi...