Los 3 pecados ambientales del Plan Nacional de Desarrollo. -15 de mayo de 2015-

Los 3 pecados ambientales del Plan Nacional de Desarrollo.

La política medioambiental del gobierno de Juan Manuel Santos se ha caracterizado por ser débil y sistemáticamente dependiente de la política minera. Lo anterior, sumado a unas CAR dedicadas a la politiquería, que se asignan a los caciques de turno para convertir los recursos de protección ambiental en miles de contratos para cumplir promesas politiqueras, ha generado una grave crisis estructural. El Plan Nacional de Desarrollo ha sido la prueba fehaciente de esta crisis, pues cometió tres pecados mortales contra el ambiente.

El gobierno se inició modificando la licencia ambiental en 2011, reduciendo a 90 días el término para su estudio y creando las famosas “licencias exprés”. Ahora el PND convirtió la licencia ambiental exprés, en una súper exprés, pues reducen el término de trámite a 30 días, para que la autoridad ambiental estudie, analice y responda ante estudios voluminosos y complejos. Este tipo de estudios requieren de mucho mayor tiempo para que sean adecuados.

Además, el PND creó zonas estratégicas mineras para darle soporte a varias resoluciones, en especial la 045 de 2012 expedida por la Agencia Nacional Minera y la 18241 expedida por el Ministerio de Minas y Energía,  por medio de las cuales se crearon y delimitaron 516 Áreas Estratégicas Mineras o Bloques Mineros, equivalentes a un elevado porcentaje del territorio nacional. Para hacerlo no se hicieron estudios ambientales, ni se tuvieron en cuenta bases de los ecosistemas. Vale resaltar que el gobierno ha firmado compromisos internacionales, como amazonas 20-20, que lo obligaría a protegerlos, en vez de destruirlos.  Afortunadamente, el 15 de este mes el Consejo de Estado ordenó la suspensión de los efectos jurídicos de dichas resoluciones.

Finalmente, es grave el tema de la protección –o desprotección- de los páramos. Pese a que está prohibida desde 2009 la actividad minera y la explotación de hidrocarburos en las zonas de páramo, por una sentencia de la corte constitucional; el PND estableció un régimen de transición para dichas actividades si las licencias fueron proferidas antes de 2010 o 2011, respectivamente.

En páramos tan significativos como Chingaza, Pisba o Guerrero avanzan exploraciones mineras y de hidrocarburos que los ponen en alto riesgo y con ellos, la disponibilidad del agua para la región andina donde se asienta el 70% de la población colombiana. Las fechas de terminación de los contratos son el 2022 para las explotaciones de hidrocarburos y el 2040 para las de minería. Para cuando termine este aterrador régimen de transición ya no van a quedar muchos páramos por cuidar.

 Quedarán vigentes 448 contratos de  minería que afectan 118 mil hectáreas, y 19 contratos de hidrocarburos sobre 300 mil. ¿Cómo puede ser más importante preservar los derechos otorgados por unas licencias ambientales, en detrimento al derecho al agua de los colombianos? Se debió fijar un mecanismo para terminar estos contratos e indemnizar los contratistas.

Como todo en este gobierno, los intereses económicos de corto plazo se anteponen a los grandes intereses de la Nación.